Por Héctor Llaitul
Seamos claros, esta Comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial. Nuestra política sigue siendo la reconstrucción nacional y la liberación del Wallmapu, objetivos que, una vez más, no son entendidos ni abordados por la clase política chilena y todos sus sectores afines.
Desde un inicio sostuvimos que está Comisión estaba condenada al fracaso, puesto que, más que representar las demandas de las comunidades y agrupaciones que luchan por sus tierras, encarna los intereses del gran empresariado y del latifundio que se encubren hoy en falsos discursos de paz y bienestar social. Son estos sectores los que buscan legitimar su propia concepción de “paz y entendimiento”, que no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral. Por lo mismo es que esta Comisión también funciona como un instrumento político y mediático al intentar excluir al movimiento mapuche autonomista, y para afirmar públicamente que los intereses del Estado y del gran capital están bajo amenaza, imponen sus reglas y su forma de hacer política en los sectores mapuche institucionales. De hecho, solo han tenido voz los sectores cooptados y funcionales.
Sumado a lo anterior, es importante subrayar que una Comisión que nace, sesiona y concluye en medio de un Estado de Excepción activo sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren “hacer política”, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades. Exhibiendo con estas «proclamadas prácticas democráticas», un gran contrasentido.
Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DD.HH. en materia internacional. A la vez, es una Comisión que ha operado desde sus inicios bajo un patrón neoindigenista, porque no se consultó a las comunidades mapuche, ni quiénes serían sus representantes, ni cuáles son los temas centrales, ni cómo deberían ser las formas de resolución de estos. Esta lógica verticalista y tutelar es heredera de los más viejos sistemas políticos coloniales, donde la representación paternalista fue impuesta a sangre y fuego. Lo cierto es que esta lógica impide que los pueblos originarios tengan el derecho a decidir sobre su realidad, mientras otros, poderosos y nobles, lo hacían por ellos. Hoy se vuelve a repetir el formato colonial y racista del Estado capitalista chileno.
Ante esta realidad, que ha permeado por decenas de años los mecanismos con que el Estado de Chile trata la “cuestión indígena”, es que el movimiento mapuche autonomista surge con fuerza a partir de los años 90, con su propia política, hablando y haciendo por nosotros mismos, sin que otros nos suplanten o nos representen. Pero hoy nuevamente esta situación fue desconocida -a propósito- por los iluminados progresistas que están detrás de la Comisión. Y lo más paradojal es que quienes sí tienen voz son los representantes de la clase política y del empresariado antimapuche.
Son quienes por tres décadas piensan que el histórico conflicto sostenido entre comunidades movilizadas, el Estado y los representantes del capital en el Wallmapu se soluciona con persecución, criminalización, montajes, juicios y cárcel. Parece irrisorio que el supuesto “diálogo” por la paz, materializado con esta Comisión, incluya precisamente a los militaristas que no la quieren y que han engrosado sus bolsillos a costa de la ocupación usurpadora. Es el caso de comandos paramilitares, como el APRA, que realizan sendas operaciones políticas, más que actuar como una asociación que represente a un gremio en búsqueda de esa supuesta “paz”.
A nivel orgánico y operativo, resulta ser una Comisión construida sobre arenas movedizas, tal como lo fue la participación de mapuche en la Convención Constituyente. Por lo mismo, al no llegar a acuerdos concretos, el máximo logro es mostrar a esta Comisión en su labor de elaboración de un diagnóstico respecto de lo que ellos han denominado la recuperación de las tierras, cuestión que en el mundo mapuche no tiene absolutamente ningún sentido, porque nuestro pueblo, las comunidades, tienen absolutamente claro cuáles son las reivindicaciones territoriales que nos interesan para restablecer un diseño territorial que permita la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación.
Con este diagnóstico, la Comisión pretende justificar que existen los mecanismos de devolución de tierra, no existiendo una propuesta concreta y precisa que determine o que haga real la devolución de los territorios. Sin embargo, constituye el “caballito de batalla” para encubrir un engaño mayúsculo, que es la imposición de las técnicas del mercadeo, con corruptelas incluidas, para reacomodar las grandes inversiones capitalistas en nuestro territorio ancestral.
Un diagnóstico que será presentado como un gran objetivo, pero que no estará concluido con este gobierno. Tampoco las devoluciones territoriales que serán a largo plazo y que solo indicarán o establecerán un tipo de mecanismo, un tipo de forma para, políticamente, buscar componendas y negociaciones en los futuros gobiernos.
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