A pocos días de la audiencia clave para la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez (ex militante del Frente Amplio), nuevas conversaciones filtradas entre la parlamentaria y su expareja, Daniel Andrade, han añadido combustible a la controversia en torno al caso Democracia Viva. Este escándalo, que comenzó a mediados de 2023, involucra millonarios traspasos de fondos públicos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) hacia una fundación liderada por Andrade, exmilitante del Frente Amplio y de Revolución Democrática.
Las conversaciones, obtenidas por la Fiscalía y reveladas por medios locales, como T13, se incluyen en el extenso informe de más de 100 páginas que detalla la presunta complicidad entre Pérez y Andrade en el manejo de estos recursos públicos. El informe también destaca el rol de Carlos Contreras, exseremi y exjefe de gabinete de la diputada, quien habría autorizado los traspasos cuestionados.
Entre los mensajes, fechados entre el 19 y el 20 de junio de 2023, se observa cómo Pérez y Andrade intentan coordinar respuestas frente a la creciente presión mediática tras el estallido del caso. En una de las conversaciones, Andrade asegura a Pérez que «lo importante eres tú» y que “es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías”. Pérez responde con aparente tranquilidad, mostrando disposición a seguir las instrucciones de su círculo cercano.
En otro intercambio, Pérez expresa preocupación por el domicilio de una oficina vinculada a la fundación Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa. En sus mensajes, insta a Andrade a «ambientar» el lugar para aparentar normalidad en caso de inspecciones o reportajes televisivos. Sugiere incluso la colocación de logotipos y papelería para simular que allí opera la fundación, en un intento por evitar mayores sospechas.
Impacto político y defensas cruzadas
Desde el estallido del caso, la diputada Pérez, quien fue una destacada figura del Frente Amplio, enfrenta intensos cuestionamientos públicos y legales. Aunque ha sostenido su inocencia en reiteradas ocasiones, las filtraciones han socavado su posición y han puesto en jaque su defensa.
El caso Democracia Viva, que comenzó como una investigación sobre posibles irregularidades en los llamados “casos convenios” entre el Estado y fundaciones, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en la reciente historia política de Chile.
En el centro de la polémica se encuentra también Carlos Contreras, quien habría utilizado su cargo en el Minvu para facilitar los traspasos millonarios. La relación previa de Contreras con Pérez como su jefe de gabinete suma una capa de complejidad al caso, que podría marcar un antes y un después en la política chilena.
Con la audiencia de desafuero programada para los próximos días, la atención pública y mediática se centra en las decisiones que puedan tomar los tribunales y las consecuencias políticas de este caso para el oficialismo en general.
Este escándalo no solo ha golpeado la credibilidad de las instituciones públicas en Chile, sino que también ha encendido el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos estatales y la responsabilidad ética de los líderes políticos.
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