La desaparición de cuatro menores tras un operativo militar y el hallazgo de cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea ha puesto en jaque al gobierno de Daniel Noboa, enfrentando denuncias de desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos.
El caso, que involucra a los menores Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, desaparecidos desde el 8 de diciembre en Guayaquil, ha desatado indignación en Ecuador y la comunidad internacional.
Cronología de los hechos
- 8 de diciembre: Los niños salen a jugar fútbol en el sur de Guayaquil y no regresan. Según relatos familiares, Ismael Arroyo logró hacer una llamada denunciando que fueron perseguidos y atacados por militares.
- Ubicaciones sospechosas: A través de WhatsApp, los familiares recibieron dos coordenadas cercanas a una base militar en Taura y una camaronera.
- 24 de diciembre: Cuatro cuerpos calcinados son hallados en una zona de manglares próxima a la base militar.
Un video difundido por la Asamblea Nacional muestra supuestamente a militares golpeando a uno de los menores y subiéndolo a un vehículo. La autenticidad del material aún está bajo análisis.
Implicaciones militares y judiciales
La Fiscalía ha vinculado a 16 militares al caso, quienes están bajo custodia en una instalación militar mientras se investigan los hechos. Además, la base de Taura fue allanada, confiscándose teléfonos y vehículos utilizados en el operativo.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, negó las acusaciones afirmando que los uniformados atendían un supuesto robo, aunque esta versión no ha sido respaldada por pruebas.
Reacciones internacionales
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONU Derechos Humanos y Unicef han exigido una investigación imparcial, mientras que Human Rights Watch denunció las graves violaciones de derechos humanos vinculadas a las políticas de “mano dura” contra el narcotráfico en el país.
Identificación de los cuerpos
Los restos hallados presentan un alto grado de incineración, dificultando su identificación. Según Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, se realizarán análisis antropológicos y pruebas de ADN que podrían demorar hasta 40 días.
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