Un grupo de organizaciones ecologistas ha manifestado su profunda preocupación por la agenda pro-inversión que el Gobierno está promoviendo a nivel legislativo y territorial. Según los firmantes, esta agenda vulnera principios fundamentales como el preventivo y el precautorio, poniendo en peligro ecosistemas únicos del país y limitando las oportunidades para actividades económicas sostenibles que respeten los ecosistemas y las comunidades locales. «Esta agenda es regresiva en términos ambientales y sociales», señalaron en su declaración.
Entre los puntos críticos, las organizaciones destacaron el proyecto de ley de permisos sectoriales, actualmente en segundo trámite en el Senado. Este proyecto introduce modificaciones regulatorias como el silencio administrativo y las declaraciones juradas, las cuales podrían debilitar los mecanismos de fiscalización. Además, no considera la contratación de más personal, uno de los factores clave que generan demoras en el sistema.
Otra preocupación se centra en la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este proyecto permitiría que proyectos de inversión puedan reducir a la mitad los plazos de evaluación si se declaran «urgentes», una medida que, según las organizaciones, compromete seriamente la calidad de las evaluaciones y pone en riesgo los derechos ambientales.
En el caso del borde costero y las concesiones marítimas, las indicaciones al proyecto de administración eliminan instancias clave como las comisiones regionales y las zonificaciones costeras regionales, dejando al ecosistema marino expuesto a una visión meramente productivista. «Esto representa un retroceso significativo para la protección de nuestras costas y comunidades locales», advirtieron.
Asimismo, criticaron la falta de regulación adecuada para la industria del Hidrógeno Verde, cuya expansión, validada por ministerios productivos, amenaza la conservación de ecosistemas únicos debido a su escala y ubicación descontroladas. Un problema similar ocurre con los proyectos de inversión en litio, que ponen en peligro salares de importancia internacional y son promovidos por empresas con antecedentes de incumplimientos ambientales.
Otro punto de reproche es la ausencia de compromiso para caducar concesiones de salmonicultura en áreas protegidas, una deuda ambiental que continúa afectando a zonas de alta biodiversidad. «Es inaceptable que estas concesiones se mantengan en zonas que deberían ser resguardadas por su importancia ecológica», enfatizaron.
Finalmente, las organizaciones cuestionaron la narrativa gubernamental que desestima los procesos de evaluación ambiental bajo el término «permisología». «Este discurso simplifica un proceso que es esencial para garantizar que los proyectos cumplan con los estándares ambientales necesarios», afirmaron. Instaron al Senado a rechazar las propuestas legislativas de racionalización regulatoria, al considerarlas regresivas y peligrosas para los derechos humanos ambientales y los de la Naturaleza en un contexto de crisis climática.
Los firmantes han dispuesto de un FORMULARIO para que más organizaciones puedan sumarse a este llamado.
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