El exalcalde de La Florida y precandidato presidencial, Rodolfo Carter, ha generado polémica al plantear que los niños migrantes en situación irregular no deberían tener acceso a la educación en Chile. Durante una entrevista en el programa Tolerancia Cero, Carter afirmó que eliminar beneficios sociales para la migración irregular es una forma de disuadir la llegada de extranjeros sin documentos al país, una postura alineada con políticas de extrema derecha aplicadas en otros países con discursos antimigración.
El argumento de Carter se basa en que, mientras existan beneficios en Chile, se seguirá atrayendo la migración ilegal, por lo que propone que quienes ingresen sin documentos «no tengan derechos», salvo en emergencias médicas. Además, aseguró que actualmente los chilenos estarían en «segundo lugar» en el acceso a colegios y jardines infantiles en comparación con los migrantes, calificando esta situación como “una locura”.
Política migratoria con enfoque de extrema derecha
Las declaraciones del precandidato presidencial han sido interpretadas como parte de un giro hacia una política migratoria más restrictiva, similar a las propuestas de líderes de extrema derecha en Estados Unidos y Europa. La idea de limitar el acceso a derechos fundamentales a niños y niñas migrantes se ha utilizado en otras latitudes como una estrategia para desincentivar la migración, a pesar de las advertencias de organismos internacionales sobre los riesgos de vulneración de derechos.
Carter comparó la situación chilena con la de Bolivia y Argentina, señalando que Chile es «el país más rico de América Latina» y que, según él, sigue ofreciendo «demasiados beneficios gratuitos», financiados por los impuestos de los chilenos. Para Carter, eliminar el acceso a educación para niños migrantes sería una forma de desincentivar la llegada de familias extranjeras en situación irregular.
Críticas desde los derechos humanos
Las declaraciones de Carter han sido duramente cuestionadas por organismos de derechos humanos, expertos en educación y organizaciones sociales. Diversos sectores han señalado que negar la educación a niños migrantes vulnera tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile.
Especialistas han advertido que políticas como la propuesta por Carter pueden tener graves consecuencias para la infancia migrante, aumentando su riesgo de exclusión social, explotación laboral y pobreza. La educación, recuerdan, es un derecho universal y un elemento clave para la integración y el desarrollo de cualquier sociedad.
Este tipo de posturas reflejan un endurecimiento del discurso de la derecha chilena en materia migratoria, siguiendo el ejemplo de políticas implementadas en otros países con gobiernos de extrema derecha. La propuesta de Carter, aunque polémica, responde a un clima de creciente debate sobre cómo gestionar la migración en Chile, donde ciertos sectores buscan restringir derechos fundamentales en nombre del control fronterizo.
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