Temuco, 16 de enero de 2025 – El Tribunal de Garantía de Temuco declaró admisible la querella presentada por Luis García-Huidobro en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables de presuntas irregularidades y eventuales delitos que llevaron a su detención y encarcelamiento injusto. Esta querella busca esclarecer y sancionar las acciones de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público implicados en la manipulación de pruebas y falsos testimonios.
García-Huidobro señaló que estos funcionarios habrían inducido un falso testimonio en una víctima y manipulado informes para incriminarlo en un atentado incendiario. Además, acusó que se ocultó evidencia que demostraba que se encontraba lejos del lugar de los hechos en el momento del atentado. Estas pruebas manipuladas fueron utilizadas para justificar su detención y posterior reclusión preventiva, lo que derivó en graves consecuencias para él y su familia.
Durante los seis meses y medio que estuvo recluido en la cárcel de alta seguridad en Valdivia, García-Huidobro denunció haber sufrido junto a su familia diversos vejámenes, incluyendo la pérdida de su empleo, el allanamiento de su hogar y la separación familiar. Además, criticó las condiciones del sistema penitenciario chileno y el accionar de Gendarmería de Chile, afirmando que se vulneraron derechos humanos básicos.
En el marco de esta acción legal, García-Huidobro solicitó al Fiscal Nacional la designación de un Fiscal Regional que garantice una investigación objetiva, transparente y respetuosa del debido proceso. Asimismo, extendió un mensaje a las víctimas del atentado, invitándolas a buscar justicia frente a las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos que actuaron de manera indebida.
“Espero que esta querella contribuya a develar las múltiples irregularidades que también afectaron a las víctimas y que los tribunales de justicia de Chile puedan reparar los daños sufridos,” declaró García-Huidobro.
Este caso pone de relieve la necesidad de reforzar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales en el sistema judicial y penitenciario del país, abriendo un debate sobre la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Chile.
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